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“El derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión forman parte de los valores fundamentales de nuestra región y así deben ser siempre respetados”, señaló la Secretaría General de la OEA en un comunicado difundido en Washington, sede del organismo.
En concreto, la OEA se refirió a los hechos violentos en Cali, Bucaramanga y otros puntos del país.
“El derecho a la protesta pacífica no puede servir para amparar actos de vandalismo ni acciones violentas contra bienes públicos y privados”, indica el comunicado.
Además, el organismo interamericano reconoció “el apego a las instituciones y al Estado de Derecho del Gobierno del presidente Iván Duque para conducir al país en el marco de principios de respeto, desarrollo y progreso”.
Miles de colombianos recorrieron este jueves las calles de varias ciudades colombianas hasta bien entrada la noche, cuando la protesta dio paso a cacerolazos que retumbaron en la mayoría de los barrios de Bogotá y contagiaron a otras localidades.
En Bogotá fueron atacadas 68 estaciones del sistema de transporte público Transmilenio, al igual que 66 autobuses, así como el Capitolio (que acoge ambas cámaras del Congreso), el Palacio de Justicia y el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía.
Según el alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, los desmanes han causado pérdidas por 20.000 millones de pesos (unos 5,8 millones de dólares).
Peñalosa decretó el viernes el toque de queda en tres barrios populosos del sur de la ciudad para contener los disturbios y saqueos de comercios que causaron daños a 79 autobuses del servicio público.
También el alcalde de Cali, Maurice Armitage, decretó en la noche del jueves un toque de queda debido a los saqueos a establecimientos comerciales que ocurrieron en esa ciudad, la tercera en importancia de Colombia.
