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El comando de la Policía en el estado brasileño de Sao Paulo retiró preventivamente de sus actividades en las calles a seis de los agentes que participaron en una operación que terminó con la muerte de nueve jóvenes en la madrugada del domingo en una favela de la mayor ciudad de Brasil.
La decisión de retirar de su trabajo a los uniformados y limitarlos a funciones administrativas fue anunciada este lunes por el comandante de la Policía Militarizada del estado de Sao Paulo, coronel Marcelo Vieira Salles.
El oficial aclaró que la medida será preventiva mientras se realiza la respectiva investigación de lo ocurrido debido a que, pese a que la Policía alega que las muertes fueron causadas por una estampida provocada por los disparos de delincuentes que huían de una persecución, testigos han denunciado abusos de los uniformados.
“Tenemos que concluir la investigación. Ellos se limitarán a trabajar en servicios administrativos. Queremos preservarlos para evitar que puedan salir perjudicados”, afirmó Vieira Salles.
“Los policías no serán retirados de sus funciones sino preservados dentro de los cuarteles, porque no hay, hasta ahora, ninguna evidencia de que hubieran cometido algún error”, aclaró el portavoz de la Policía Militarizada, teniente coronel Emerson Massera.
El vocero admitió sin embargo que se investigan posibles excesos policiales.
La medida preventiva fue solicitada por la Procuraduría de la Policía Militarizada a la Corregiduría de la institución, que no divulgó los nombres de los seis agentes afectados.
Las muertes se registraron en la madrugada del domingo en Paraisópolis, la segunda mayor favela de Sao Paulo y en donde nueve jóvenes murieron pisoteados tras una incursión policial en una multitudinaria fiesta callejera en la que participaban unas 5.000 personas.
La policía interrumpió en la fiesta con bombas de gas lacrimógeno y balas de perdigones, provocando una avalancha humana que acabó con la muerte de 9 jóvenes, entre ellos cuatro menores de edad, y ninguno mayor de 23 años.
Según la versión de las autoridades, la avalancha se produjo después de que los agentes se adentraran en la fiesta en busca de dos sospechosos que se habían escondido entre la multitud tras disparar contra los uniformados durante una persecución en Paraisópolis, una barriada pobre con unos 55.000 habitantes.
La policía asegura que en ese momento fue recibida con botellazos y piedras y respondió lanzando gas lacrimógeno y balas de goma para preservar la seguridad de los agentes.
Pero la versión oficial contrasta con la de varios testigos y de algunos vídeos divulgados por redes sociales, que muestran a cientos de jóvenes acorralados por la policía en estrechos callejones, mientras otros son golpeados con virulencia.
El Colegio de Abogados de Brasil exigió en un comunicado que las autoridades le den prioridad máxima a una rigurosa investigación sobre lo ocurrido en Paraisóplis y que modifiquen los procedimientos de la intervención policial “para que sean evitadas otras muertes”.
La organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch exigió que el Ministerio Público, que tiene obligación constitucional de controlar el trabajo de la policía, garantice una “investigación rápida, completa e independiente de cualquier abuso o uso excesivo de la fuerza en este caso”.
