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La Policía chilena suspendió este martes temporalmente el uso de perdigones y balines en protestas en las que no está en riesgo la vida de los agentes, días después de que un informe revelase que los proyectiles usados en el estallido social no son solo de goma, sino que también tienen plomo.
“Como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios”, anunció en una comparecencia el director general del cuerpo de seguridad, Mario Rozas, quien días atrás había negado la existencia de otros componentes en los proyectiles aparte del caucho.
Los perdigones y balines, apuntó, “solo podrán ser utilizados, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte”.
El Departamento de Ingeniería Mecánica de la estatal Universidad de Chile publicó el fin de semana un informe en el que denuncia que los proyectiles usados por los Carabineros (nombre de la Policía chilena) están compuestos en un 20 % de caucho y en un 80 % de plomo, silicio y sulfato de bario.
“El plomo es un metal que puede tener consecuencias graves en el organismo como daño en los riñones, abortos espontáneos en el caso de las embarazadas, daño al cerebro y perturbaciones al sistema nervioso”, dijo el centro de estudios.
El director de carabineros indicó este martes que la institución realizó otro estudio que, si bien no coincide con el informe de la Universidad de Chile, sí revela “diferencias con la composición declarada por el proveedor en su ficha técnica”.
Rozas, que no dio detalles sobre el informe realizado por su institución, explicó que los proyectiles fueron adquiridos en 2017 a la empresa TEC Harseim, que los promociona como perdigones de goma de calibre 12, con un tamaño de 8 milímetros y un peso de 7 gramos cada uno.
La suspensión de los proyectiles se mantendrá hasta que el proveedor aclare la situación y se reciban los resultados de varios estudios “complementarios” que la institución ha encargado a laboratorios extranjeros, agregó el director.
La brutalidad con que las fuerzas de seguridad están reprimiendo las marchas ha sido denunciado por diversas asociaciones civiles y varios organismos internacionales se encuentran en el país investigando supuestas violaciones de derechos humanos.
El estallido social iniciado hace un mes, el mayor desde el retorno de la democracia en 1990, ha dejado al menos 23 muertos -cinco de ellos presuntamente a manos de agentes- y 2.381 heridos, de los cuales 1.360 fueron por disparos de balas, perdigones, balines o armas de fuego no identificadas, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Los casos más preocupantes para el INDH son los 222 manifestantes que fueron disparados al rostro por los carabineros y que presentan graves heridas oculares.
El propio presidente, el conservador Sebastián Piñera, reconoció por primera vez el domingo en una comparecencia que ha habido abusos y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y se comprometió a investigar y sancionar esos atropellos.
Lo que empezó siendo un llamamiento de los universitarios chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social sin parangón en las últimas tres décadas, que carece de líderes identificados y que clama por un modelo económico más justo.
Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias, han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque sigue existiendo descontento en las calles y muchos manifestantes desconfían de las tibias medidas sociales anunciadas por el Gobierno y el acuerdo parlamentario sobre una nueva Constitución.
