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La investigación de la Policía sobre el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero apunta a un drama de intrigas familiares como el detonante para que la hijastra de la víctima, Keishla Pérez Biggio, ordenara el crimen.
Según la pesquisa y los cargos radicados en el Tribunal de Bayamón, Pérez Biggio habría contratado a Luis González Martínez y William Avilés para que acabaran con la vida de Padilla Romero.
La empresaria fue baleada el pasado 30 de septiembre mientras conducía por la carretera PR-177 de Guaynabo, conocida como Los Filtros, con sus dos hijas en el auto. Padilla murió tras recibir varios impactos de bala en la cabeza y brazo izquierdo, con detonaciones que los investigadores presumen se realizaron a corta distancia, a través de la puerta del conductor, a plena luz del día.
Las dos hijas de Padilla Romero, de 18 y 8 años, resultaron ilesas.
La víctima estaba casada con el padre biológico de Pérez Biggio, José Pérez Colón, quien es dueño de una exitosa compañía de construcción. Padilla Romero era quien administraba las finanzas de la compañía. Las autoridades trabajan el caso como una conspiración para asesinato.
“Esta joven (Pérez Biggio) contrató a estas dos personas para que ejecutaran a Hilda ya que tenían problemas familiares”, indicó el teniente Reynaldo Jiménez, director interino del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policiaca de Bayamón.
Aunque han trascendido supuestas disputas de índole económica entre Pérez Biggio con Padilla Romero, el teniente dijo hoy que no podía confirmar o descartarlo, pues será parte de lo que se presentará en la vista preliminar, pautada para el 5 de diciembre.
“Es parte de las interioridades del caso. No vamos a abundar sobre eso en estos momentos para no afectar lo que se verá en su momento en el tribunal”, sostuvo el oficial, quien aseguró que ya no se prevén más arrestos por este caso.
Según el abogado de Pérez Biggio, el licenciado Carlos Beltrán, González Martínez confesó que asesinó a la empresaria y su testimonio es parte de la prueba que se presentó hoy en contra de su clienta.
Sin embargo, intentó arrojar dudas sobre la credibilidad de la versión ofrecida por González Martínez, quien fue arrestado el martes en un motel de la carretera PR-1 en Caguas.
“El caso lo sometieron por declaración jurada con el testimonio de un supuesto asesino confeso y a quien primero engañó ese asesino fue a la Policía de Puerto Rico porque, como ustedes (los medios de comunicación) mismos reportaron, evadió a la justicia”, dijo Beltrán.
El abogado se refería a que González Martínez había sido detenido temprano en el mes de noviembre por otro caso de violación a la Ley de Armas que no prosperó en los tribunales. Esa intervención habría dejado en manos de las autoridades el arma homicida.
Posteriormente, González Martínez desapareció del radar de los investigadores, por lo que fue acusado en ausencia el viernes de la semana pasada.
Pérez Biggio y Avilés fueron sumariados hoy en el Complejo Correccional de Bayamón luego de que no pudieran prestar la fianza global de $12.2 millones que les impuso la jueza Milagros Muñiz Mass.
En cambio, desde ayer se ingresó a González Martínez a la cárcel Las Cucharas de Ponce “por razones de seguridad”, indicó Jiménez el martes.
El teniente Jiménez indicó que el padre de la imputada y esposo de la víctima, José Pérez Colón, ha estado hablando “vía telefónica con uno de los agentes de (la División) de Homicidios. Está al tanto de la investigación. Se encuentra fuera del país. Esperamos que esté la semana que viene en Puerto Rico”.
Se trata de un panorama que aparentemente no se imaginaba Pérez Colón el día en que acudió al Negociado de Ciencias Forenses para identificar el cadáver de su esposa. En aquel momento hizo un llamado para que la ciudadanía cooperara con cualquier información que tuviera sobre el crimen.
“Ella hacía su trabajo y no teníamos enemigos. Siempre estábamos bien unidos. De verdad que yo me quedo pensando qué fue. Ella siempre era bien apegada”, expresó Pérez Colón a El Nuevo Día el 1 de octubre pasado.
Tras la investigación de los agentes del CIC de Bayamón, la fiscal Jessica Correa sometió ocho cargos contra Pérez Biggio: cuatro por apuntar y disparar un arma de fuego; uno por disparar en una vía pública; dos por tentativa de asesinato; y uno por asesinato en primer grado. Aunque se le identifica como la autora intelectual del crimen y no se le ubica en la escena, se le acusa por apuntar con un arma y disparar por ser parte de una conspiración.
Esos mismos cargos fueron sometidos contra Avilés, además de otros dos por posesión ilegal de armas de fuego. Pérez Biggio no enfrenta esos cargos porque tiene permiso legal para armas de fuego.
La fianza impuesta a Pérez Biggio fue de $6.4 millones, mientras que la fianza de Avilés fue de $5.8 millones. La fianza para González Martínez había sido de $1.3 millones por el cargo de asesinato en primer grado, dos cargos de tentativa de asesinato en primer grado y un cargo por riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.
