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En el marco de este sumario, que comenzó la instrucción el 29 de septiembre de 2015, se ha investigado a 235 personas jurídicas, imputado a 82 personas naturales, entre ellas dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), y aprehendido un total de 266,8 millones de dólares, según datos del Ministerio Público.
En mayo pasado el Juzgado Duodécimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo del juez Óscar Carrasquilla, denegó una extensión de tiempo para seguir la investigación, considerada una causa compleja, que había sido solicitada por la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público en marzo de 2019.
Pero el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial “concedió el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la fiscal Superior de la Fiscalía Especial Anticorrupción, contra el juez Duodécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá”, informó este martes el Órgano Judicial.
En una sentencia de primera instancia con fecha del 3 de enero de 2020, el Tribunal Superior estipuló que “el término de la investigación preparatoria en el caso Odebrecht puede ser extendido hasta por 5 meses y ocho (8) días”.
Agregó, tras exponer una serie de argumentos legales, que “se concluye que corresponde conceder el amparo propuesto” por la Fiscalía Anticorrupción “y, en consecuencia, revocar la orden atacada” que había sido instruida por el Juzgado Duodécimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.
Esta decisión se produjo bajo la ponencia de la magistrada Olga Rujano de León, y fue suscrita por los magistrados Miguel Espino y Lilianne Ducruet, dijo el Órgano Judicial.
En agosto pasado, el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó el fallo del Juzgado Duodécimo al negar una apelación presentada por la Fiscalía.
Ese tribunal superior ya le había concedido a la Fiscalía una prórroga de un año, en abril de 2018, para entregar el expediente (vista fiscal), recordó entonces el Órgano Judicial.
En el mismo agosto pasado, la Fiscalía Anticorrupción indicó que agotaría todos los recursos legales para conseguir una nueva prórroga.
Alertó que impedir la continuidad del proceso traería consecuencias “incalculables”, como dar al traste con 982 tomos de las investigaciones, 76 incidentes pendientes de resolver, 12 amparos de garantías interpuestos por las partes por resolver, e indagatorias (interrogatorios) pendientes a personas detenidas en el extranjero.
El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos, de los cuales 59 millones fueron en Panamá.
La Justicia panameña validó un año después el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones de dólares y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.
Odebrecht, que llegó a Panamá en 2006, fue durante años el principal contratista del Estado y ha ejecutado importantes obras como el paseo marítimo de la capital, la ampliación del principal aeropuerto del país y las dos líneas de metro.
