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A lo largo de la jornada fueron difundiéndose cartas de trabajadores del Ministerio de Defensa, el Banco Unión, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas).
OBLIGADOS A INTEGRAR “GRUPOS DE CHOQUE”
Una persona que trabajó hasta la anterior semana en el Ministerio de Defensa, que pidió el anonimato, aseguró a Efe que por órdenes superiores se formaron “grupos de choque” con el fin de “causar disturbios” incluso como infiltrados en el bando contrario en recientes movilizaciones en el país.
“No había opción a decir que no”, pues los encargados incluso instruían a los funcionarios “cómo tenían que ir a molestar a las otras personas” y exacerbar los ánimos, aseguró.
Esta fuente explicó además que arguyendo órdenes del exministro Javier Zavaleta se hacían cobros “voluntarios” al personal que luego terminaron por ser obligatorios, para sustentar las movilizaciones a favor de Evo Morales de los que nunca se dieron cuentas.
Incluso hubo una instrucción suya para improvisar partidas para la compra de equipos antidisturbios para empleados, según esta fuente.
Estas aseveraciones fueron confirmadas también a Efe por otra persona, que todavía se mantiene en funciones en esa repartición y que dio fe de la autenticidad de un comunicado que denuncia cómo se amedrentaba a empleados.
DENUNCIAS DE HUMILLACIONES
“Hemos sido maltratados, humillados y obligados a asistir a marchas del anterior régimen masista”, en alusión al Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, denuncia otro comunicado de funcionarios de Epsas.
La nota relata “constantes amedrentamientos y hostigaciones” bajo amenaza de despido, para afiliarse al MAS y aportar económicamente al partido.
Los trabajadores detallan que pusieron su vida en riesgo al verse involuntariamente involucrados en recientes actos violentos en La Paz y la ciudad vecina de El Alto, por lo que pidieron la renuncia o destitución de directivos de la empresa estatal.
Igualmente, funcionarios del Banco Unión desvelaron prácticas similares de directivos afines al MAS, “despidiendo de forma injustificada por tener diferentes ideologías políticas”.
La Federación Sindical de Trabajadores de Entel, por su parte, calificó de “operadores de terror” a directivos de la entidad, por haber “pisoteado” sus derechos y su “dignidad”, con acciones como obligarles a acudir a actos con riesgo para su integridad.
FUMIGACIÓN SOSPECHOSA DE OFICINAS
Los profesionales de medios que cubrían actos a favor de Evo Morales desde antes de las pasadas elecciones del 20 de octubre comprobaban como algunos de los participantes evitaban aparecer en las imágenes, en especial si vestían uniformes de empresas públicas.
La participación con uniformes de estas empresas en actos a favor de Morales apenas se aprecia en las manifestaciones en su apoyo desde el pasado domingo, cuando renunció al poder y salió al exilio a México.
La obligación de asistir a marchas en su apoyo, la coincidencia de días libres para “fumigar” oficinas públicas cuando había actos a su favor y otras situaciones similares eran difundidas solo en ámbitos como las redes sociales antes de la renuncia de Evo Morales.
La renuncia se produjo tras un informe de la Organización de Estados Americanos que advirtió graves irregularidades en los comicios en los que resultó elegido para un cuarto mandato consecutivo.
