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Un Tribunal de Apelaciones en California expresó dudas este jueves sobre la legalidad de la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de denegar los visados a aquellos inmigrantes sin seguro médico o que no puedan costearlo, y que debía entrar en vigor en noviembre pasado.
Un panel de tres magistrados del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco (California), escuchó hoy los argumentos del Gobierno pidiendo al tribunal revertir la decisión de un juez federal que impidió que la norma entrará en vigor.
El juez principal del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, Sidney Thomas, cuestionó a los abogados del Gobierno sobre cómo están evaluando las agencias de inmigración los costos médicos razonablemente previsibles, y la salud de los migrantes en la aplicación de la medida.
“Por ejemplo, supongamos que Arnold Schwarzenegger llega a la entrada principal (en un consulado o frontera) y se presenta. No tiene un costo médico previsible. ¿Existe la posibilidad de que él o alguien como él ingrese sin seguro?”, preguntó el juez Thomas.
El abogado del Gobierno no pudo contestar las preguntas del magistrado, quien se mostró insistente y crítico ante la falta de regulaciones de la norma.
El pasado 4 de octubre, Trump emitió una proclamación presidencial que ordenaba a los consulados estadounidenses denegar visados de entrada al país a aquellos inmigrantes que no pudieran demostrar que tienen “los recursos financieros para pagar los costos médicos” dentro de los 30 días posteriores a su entrada en EE.UU. o que “estarán cubiertos por un seguro médico aprobado”.
Las organizaciones Justice Action Center, The American Immigration Lawyers Association e Innovation Law Lab, interpusieron una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Portland, Oregón, donde un juez ordenó bloquear la medida.
Christine Chen, abogada de Justice Action Center, dijo a Efe que al menos dos de los tres jueces “simpatizan mucho” con los argumentos de los defensores de los inmigrantes.
“Creo que ellos entendieron el daño que esta proclamación traería a los migrantes, y que amenaza con afectar a miles de personas que intentan obtener tarjetas de residencia para venir a reunirse con su familia”, advirtió Chen.
Los principales afectados por la orden de Trump serían inmigrantes procedentes de Latinoamérica, África y Asia, que acuden a consulados de EE.UU. en el extranjero para pedir un visado de entrada.
También impactaría a otros que están en medio del proceso para conseguir la “green card” y a los que no se les permite permanecer en territorio estadounidense mientras el procedimiento se resuelve, con lo que tienen que ser entrevistados en un consulado en el extranjero.
En la práctica, también es muy difícil lograr un seguro médico en el plazo de 30 días, ya que muchos empleadores imponen tiempos de espera hasta que se considera que un nuevo trabajador es apto para acceder a un seguro médico pagado por la empresa.
Chen señaló que la medida de Trump daría un gran vuelco al sistema de inmigración del país, ya que afectaría al 65 % de todos los inmigrantes legales que vienen a los Estados Unidos.
El mismo panel también escuchó hoy los argumentos en una petición del Gobierno para echar abajo la orden de una jueza federal del Tribunal de Distrito de San Diego, que obligó a la Administración a permitir migrantes a los que se les impidió acceder al proceso de asilo antes de la puesta en marcha del programa Protocolo de Protección Migrante (MPP).
Melissa Crow, abogada supervisora principal del Proyecto de Justicia Inmigrante de Southern Poverty Law Center (SPLC), que forma parte de los demandantes, dijo a Efe que la audiencia de hoy fue vital en el esfuerzo por proteger a los miles de solicitantes de asilo que siguieron las “reglas” y esperaron su turno solo para que se les diga que no tuvieron suerte una vez que se anunció la prohibición de asilo.
“Estas personas vulnerables, muchas de las cuales esperaron meses para solicitar asilo, simplemente desean tener la oportunidad de que se escuchen los méritos de sus casos de asilo”, resaltó.
En los dos casos no existe una fecha determinada para que los jueces den su decisión final.
