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“No vamos a permitir la presencia de terroristas”, advirtió el comandante departamental de la Policía Boliviana en Santa Cruz, Miguel Mercado, la región oriental del país en la que aseguró que se tiene la “evidencia” de ese grupo.
El Centro Especial Antiterrorista (CEAT), como se denomina esta unidad, cuenta con ochenta miembros con “lo mejor” de la Policía Boliviana en Santa Cruz, en palabras del comandante.
Los integrantes de la unidad fueron presentados ante los medios en un cuartel policial de Santa Cruz fuertemente armados.
Mercado apuntó que estos policías realizarán principalmente labores de inteligencia, para detectar si la supuesta célula terrorista se hubiera desplazado de Santa Cruz a la zona del Chapare, en el centro de Bolivia.
Esa zona cuenta con grupos de cocaleros que mantienen protestas contra el Gobierno interino de Jeanine Áñez, las pocas que siguen en el país tras cesar el resto de movilizaciones a favor de Evo Morales en virtud de un acuerdo en una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y una serie de organizaciones sociales.
El jefe policial apenas dio detalles de ese supuesto grupo, salvo que sus integrantes, incluidos extranjeros, podrían estar formando a jóvenes para el uso de armas de fuego contra las fuerzas del orden.
El pasado 13 de noviembre, la Policía Boliviana informó de que había identificado a un argentino exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como parte de los grupos que defendieron a Morales en la ciudad de Montero, en Santa Cruz.
Cinco días después, el Gobierno interino informó de que Jeanine Áñez canceló ese día un viaje dentro del país por temor a un atentado, que atribuyó a un supuesto “grupo criminal” sin aportar más detalles.
La activación de la unidad antiterrorista coincidió con la derogación esta misma jornada de un decreto que otorgaba inmunidad penal a militares y policías en Bolivia.
El decreto fue muy cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos y en el propio país, donde la violencia desde los comicios fallidos del 20 de octubre ha causado 34 muertos, muchos por disparos durante operativos militares y policiales.
El Ejecutivo interino niega que las fuerzas del orden dispararan, mientras que entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que envió una delegación a Bolivia, denunciaron un uso excesivo de la fuerza en estos operativos.
La violencia en Bolivia comenzó el día después de las elecciones, tras las que fue declarado vencedor Evo Morales entre denuncias de fraude desde la oposición.
Morales anunció el pasado 10 de noviembre su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas, tras un informe de la Organización de Estados Americanos que advirtió graves irregularidades en los comicios.
Al día siguiente Morales salió hacia México, donde está asilado, y desde esa jornada el ejército realizó operativos conjuntos con la Policía, que pidió su apoyo al verse desbordada por actos violentos en medio de un vacío de poder.
La renuncia de Morales ha sido calificada como “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.
Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez, que asumió el poder el pasado 12 de noviembre, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
