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El juicio por el asesinato de Gabriel Cruz a manos de Ana Julia Quezada podría repetirse. Los padres del niño, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, han solicitado la nulidad de la vista celebrada el pasado mes de septiembre en la que condenó a Quezada a prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía.
El abogado de la familia, Francisco Torres, que ejerció como acusación particular, cree que “sobran razones” para la repetición. Principalmente, porque considera que el jurado popular actuó bajo las “instrucciones” de la magistrada-presidenta del caso, Alejandra Dodero. Según sus argumentos, esta “entró a dar opinión” cuando instruyó a las siete mujeres y dos hombres que formaban el jurado. Una circunstancia en la que coincide con la defensa de la condenada, que el mes pasado también solicitaba la repetición de la vista oral para que se realizara con un jurado profesional.
Francisco Torres ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso de apelación contra el fallo del jurado porque considera que la motivación para tomar la decisión fue “directamente inducida por las instrucciones” que les dio la magistrada. Torres subraya en el documento que la deliberación del jurado popular tampoco está “suficientemente motivada” debido a esas supuestas instrucciones. Y, por ello, considera que se ha vulnerado el artículo 486 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) y la tutela judicial efectiva, solicitando por ello la nulidad y repetición del juicio.
El recurso refleja igualmente que el fallo del jurado “contiene un clamoroso error al negar los informes médicos” presentados por los peritos de la acusación particular. Estos incidían en el supuesto ensañamiento de Ana Julia Quezada con Gabriel Cruz, al considerar que el pequeño estuvo agonizando entre 45 y 90 minutos. Son los hechos que la acusación particular defendía pero que no fueron tenidos en cuenta en el veredicto. El letrado también solicita al TSJA la impugnación del recurso de apelación presentado en octubre por Esteban Hernández Thiel, abogado de Quezada, para que se confirme la condena.
Hernández Thiel reclamaba entonces también la nulidad y repetición de la vista oral con la participación de un tribunal profesional, ya que consideraba que la presión mediática había influido en la toma de decisiones del jurado popular. Su recurso también daba principal importancia a las “instrucciones” ofrecidas por parte de la magistrada, quien, según su punto de vista, orientaban el veredicto del jurado hacia la alevosía. “No pudo evitar incurrir en parcialidad al ofrecer las instrucciones”, aseguró el letrado. “Al jurado no se le ofrecía más alternativa” ni “se le ilustró debidamente sobre la posibilidad de agravantes con una menor punibilidad”, decía el documento también presentado al TSJA. El letrado apuntaba al agravante por desvalimiento, que conllevaría una rebaja en la pena de Quezada.
Además, Hernández Thiel apuntaba directamente en su recurso a “defectos en la construcción del objeto de veredicto” (documento que incluía las 142 preguntas a las que el jurado popular debía responder para basar su decisión). El fallo, que se ofreció tras 24 horas de deliberaciones además de considerar a Ana Julia Quezada autora del asesinato del pequeño, incluyó la alevosía como agravante en la muerte del niño y sumó dos delitos de lesiones psíquicas y otros dos contra la integridad moral, algo que la defensa considera una “doble condena por los mismos hechos”.
