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La Procuraduría (Defensa) General del Estado ecuatoriano dijo hoy confiar en que hasta finales de este año sea juzgado el caso “Sobornos 2006-2012”, en el se acusa al expresidente Rafael Correa y a varios de sus colaboradores por una supuesta financiación ilegal de su movimiento político durante su mandato.
Así lo manifestó este lunes a Efe el procurador Íñigo Salvador, quien aseguró que hay evidencias que apuntan al exmandatario como líder de una red de corrupción por el que varias empresas supuestamente entregaban ilegalmente dinero a Alianza País, cuando este movimiento político era dirigido por Correa.
Salvador indicó que, de acuerdo a los tiempos procesales, se esperaría que hasta mediados de este año se dicte el fallo del tribunal penal designado para juzgar la causa, pero señaló que las fases finales como el de casación podrían demorar una resolución definitiva hasta diciembre próximo.
Y es que los jueces “deben hacer el ejercicio de buscar un equilibrio entre la eficiencia y la premura” de un caso, añadió Salvador, quien rechazó que en este caso haya algún tipo de cálculo político como ha advertido Correa y sus abogados.
El exmandatario ha afirmado que el caso “Sobornos 2006-2012” busca “inhabiltar” una eventual candidatura suya para los comicios generales de 2021.
Correa presume que hay una presunta “persecución política” en su contra para no permitirle participar en la lid electoral próxima y que por ello se le ha acusado de cohecho, un delito que según la normativa interna no prescribe y que se puede juzgar en ausencia.
“Que de por medio esté un proceso electoral, es una coincidencia”, enfatizó Salvador quien dijo que la Procuraduría a su cargo no tiene esa motivación para actuar como “acusador particular” en el caso de cohecho.
Recordó que la Fiscalía había iniciado la instrucción por tres delitos como el “cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias”, pero señaló que terminó por acusar a los involucrados sólo de “cohecho”, como lo había anticipado la Procuraduría hace algún tiempo, por haber abundante prueba.
Salvador también señaló que Correa ha sido imputado en el caso por haber recibido un cheque por 6.000 dólares, en el marco de la trama de supuesto cohecho, y remarcó que en este caso no se trata de la cuantía, sino de que el dinero provenga de una fuente ilegal.
Correa ha negado tal extremo y ha remarcado que ese monto se trató de un préstamo ya pagado y del cual tiene todos los recibos de los abonos efectuados para cubrir el crédito.
Salvador insistió en que el problema es la fuente ilegal del dinero y que el expresidente fue beneficiario de la supuesta trama de corrupción.
Sin embargo, señaló que será el tribunal penal que juzga el caso el que determine si Correa y los otros 21 acusados “van a la cárcel o no”.
En total, señaló Salvador, se investiga la supuesta financiación ilegal por un monto global que supera los 7 millones de dólares y por el que la Procuraduría pide que los responsables paguen una “reparación integral” al Estado por 23 millones de dólares.
El pasado viernes, la jueza Daniella Camacho llamó a juicio a Correa y a otra veintena de personas por el caso “Sobornos 2012-2016”.
La acción judicial se extiende al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente recluido en una cárcel de máxima seguridad por otro caso de “asociación ilícita” relacionado con la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
El llamamiento a juicio también afecta a varios de los colaboradores de Correa durante su mandato como Vinicio Alvarado, Alexis Mera y Walter Solis, entre otros.
Asimismo, Camacho sobreseyó en este caso a tres personas, entre ellas María Augusta Enríquez, una exasesora de Alvarado.
