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Se trata de una tradición que trajeron los españoles a la isla en el siglo XVI y a la que intentarán hacer frente con legislación local firmada este miércoles por la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez.
Las peleas de gallos dan trabajo a unas 27.000 personas en la isla y generan alrededor de 18 millones de dólares anuales.
El fin de las peleas de gallos en Puerto Rico, legales desde 1933, y otros territorios como Guam, entrará en vigor por la Ley Agrícola de 2018 (Farm Bill) de Estados Unidos.
Se trata de una ley que se considera ajena por el sector por haber sido aprobada en el Congreso estadounidense, en Washington, capital del país al que Puerto Rico está ligado como un Estado Libre Asociado y donde la isla no tiene un representante con derecho a voto.
La primera medida local convertida en ley este miércoles por la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, para defender frente al veto federal dicha tradición fue la resolución 459.
Dicha disposición ordena a la gobernadora y a la comisionada de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jennifer González, a realizar todas las gestiones pertinentes y conducentes a que el Congreso apruebe una moratoria de 5 años a la aplicación de la prohibición.
Por otro lado, el proyecto 2330 otorga licencias de operación a las galleras en la isla por parte del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), y obliga a que las mismas solo puedan ser usadas en el territorio nacional, además de prohibir la importación y exportación de gallos de pelea.
De esta forma, se limita toda la industria y organización de las peleas de los gallos al territorio de Puerto Rico.
Sin embargo, persiste la duda ante qué ocurrirá, a sabiendas de que las leyes federales están por encima de las locales, si las fuerzas de seguridad entran en una gallera.
“La jefa de la policía de Puerto Rico es la gobernadora y tienen que hablar conmigo”, ha contestado Vázquez Garced ante la posibilidad de que ello pudiera ocurrir.
A su vez, la jefa del Ejecutivo puertorriqueño ha recordado, tras la firma de las medidas, que si hay alguien que desee cuestionar algo en relación a ambas piezas firmadas, “la decisión final la tendrá un tribunal”.
En la isla hay 71 galleras en un total de 45 municipios.
