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Miles de jóvenes indocumentados en EE.UU. conocidos como soñadores estarán pendientes a partir de mañana, martes, del Tribunal Supremo que comenzará a escuchar los argumentos sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).
La máxima instancia judicial deberá definir en los próximos meses si avala la decisión del Gobierno de Donald Trump de acabar con este plan, anunciado en junio de 2012 por el entonces presidente, Barack Obama (2009-2017), o si extiende su vigencia a favor de miles de inmigrantes que fueron traídos por sus padres siendo niños y que no cuentan con un visado.
Datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, en inglés) indican que hasta marzo de 2017 unos 787.580 jóvenes indocumentados habían sido aceptados en este programa. Esa cifra se ubicó del 10 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019 en 425.760 beneficiarios.
– ¿QUÉ LLEGA AL SUPREMO?
La Corte revisará tres procesos que engloban las numerosas demandas que llovieron contra el anuncio hecho el 5 de septiembre de 2017 por el entonces fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, sobre el fin, a partir del 5 de marzo de 2018, de DACA.
—PRIMER PLEITO: EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL CONTRA LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA Es un proceso compuesto por cinco demandas presentadas de forma separada en California, detalla en su web el National Immigration Law Center (NILC).
Entre los querellantes están Dulce García, Miriam González Ávila, Saúl Jiménez Suárez, Viridiana Chabolla Mendoza, Norma Ramírez y Jirayut Latthivongskorn, todos beneficiarios de DACA.
Además, participa el sistema de la Universidad de California liderado por su presidenta, Janet Napolitano. Fue precisamente Napolitano -en ese entonces secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Obama- quien anunció el 15 de junio de 2012 la creación de este plan de alivio migratorio.
La acción es apoyada igualmente por los estados de California, Maine, Maryland y Minesota, así como la ciudad de San José, el condado de Santa Clara y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio de esa última localidad.
—SEGUNDO PLEITO: TRUMP CONTRA LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL PROGRESO DE LAS PERSONAS DE COLOR Esta demanda abarca la acción presentada el 3 de noviembre de 2017 ante un tribunal federal de Washington DC por la Universidad de Princeton, la estudiante María De La Cruz Perales Sánchez y Microsoft, que cuenta en su plantilla y la de su subsidiaria, LinkedIn, con unos 45 “soñadores”.
También incluye la querella que interpuso el 18 de septiembre de 2017 la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, en inglés), a la que se sumó en octubre de ese año la Federación Estadounidense de Maestros.
De igual forman destacan entre los vinculados a la querella el Departamento de Empleados Profesionales, el Sindicato Internacional de Trabajadores Comerciales, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).
—TERCER PLEITO: MCALEENAN CONTRA VIDAL Según la página de internet de la Escuela de Leyes de Yale, originalmente esta demanda fue presentada por Martín Batalla Vidal, un joven “soñador” nacido en México a quien luego se sumaron la organización proinmigrante “Make the Road New York” y otros beneficiarios.
La querella está dirigida contra una orden preliminar emitida por un tribunal federal en Texas que buscaba frenar la expansión de DACA y la Acción Diferida para Padres de Americanos Residentes Permanentes Legales (DAPA).
Ante la posibilidad de que Trump acabara con este beneficio para los “soñadores”, Batalla Vidal y “Make the Road New York” pidieron enmendar su queja para impugnar esta determinación.
En septiembre de 2017 se sumaron a esta acción Antonio Alarcón, Eliana Fernández, Carlos Vargas, Mariano Mondragón y Carolina Fung Feng, otros cinco demandantes individuales residentes en Nueva York y también amparados por esta iniciativa.
– ¿QUÉ ALEGAN?
Los demandantes alegan que la finalización de DACA viola la Ley de Procedimiento Administrativo, que, según el grupo de expertos del Constitutional Accountability Center, prohíbe una acción “arbitraria, caprichosa” que abuse de la discreción o, en caso contrario, no esté de acuerdo con la ley, por parte de una agencia federal, y la Quinta Enmienda de la Constitución.
– ¿CUÁL ES SU CONSULTA AL SUPREMO?
En concreto, los querellantes esperan que la Corte Suprema decida si la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de poner fin a DACA es revisable y si es legal.
– Y NO PARAN LOS APOYOS
Distintos sectores, desde educativos, empresariales e incluso del gobierno local y estatal, también han manifestado su respaldo a los “soñadores” mediante “amicus curiae” o “amigo de la corte”, una figura jurídica que permite a actores ajenos a un juicio o proceso ofrecer razonamientos jurídicos y consideraciones vinculadas con los hechos de un caso.
Entre los firmantes de “amicus curiae” están:
Más de un centenar de ciudades y condados de 30 estados liderados por Los Ángeles y el Distrito de Columbia (Washington).
La Liga Nacional de Ciudades, la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos, la Asociación Internacional de Abogados Municipales y la Asociación Internacional de Gerentes /Administración de Ciudades y Municipios.
La Cámara de Comercio de EE.UU., la Federación Nacional de Venta al Detalle, la Asociación de Empresas de Texas y numerosas empresas de distintos sectores.
Exfuncionarios como los exsecretarios de Estado Madeleine Albright y John Kerry.
Más de un centenar de universidades e instituciones educativas de distintos niveles.
